Wednesday, October 20, 2021
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La cuestión nuclear no debe pasar por encima de la resolución de crímenes de lesa humanidad

En lo que respecta a los asuntos de Irán en los últimos días, el tema principal ha sido el acuerdo nuclear, conocido formalmente como “Plan de Acción Integral Conjunto”. Muchos actores políticos han recalcado la duplicidad en las declaraciones de la nueva administración del régimen, que por un lado proclaman su compromiso con el acuerdo pero también lo socavan al decir que el régimen no reanudaría las negociaciones frente a la “presión” occidental.

El régimen tiene el objetivo final de obtener un arma nuclear, pero mientras tanto, intenta demorar las negociaciones y utilizar la extorsión para presionar a las potencias occidentales. El nuevo presidente del régimen, Ebrahim Raisi, ha subrayado la intención de su gobierno de perseguir la misma extorsión nuclear que su predecesor.

Raisi asumió el cargo el 5 de agosto. Un mes después de esa fecha, todo su gabinete había tomado forma tras la confirmación de los nombramientos por parte del parlamento del régimen. Los nombramientos solo sirvieron para reforzar la reputación de Raisi como violador de derechos humanos. Entregó posiciones gubernamentales influyentes a varias personas que están bajo sanción o incluso sujetas a órdenes de arresto internacionales, así como a un número sin precedentes de agentes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

La líder de la oposición iraní, la Sra. Maryam Rajavi, describió la nueva administración como “la encarnación de cuatro décadas de dictadura religiosa y terrorismo de los mulás” y dijo que sus principales objetivos seguramente serán “enfrentar el levantamiento popular y saquear la riqueza nacional, intensificar el terrorismo y el belicismo, y ampliar los programas antipatrióticos de misiles nucleares y balísticos”.

El nombramiento de Mohammad Eslami como nuevo director de la Organización de Energía Atómica de Irán aumenta las expectativas de intensificación de las actividades nucleares. En 2008, cuando Eslami era director del Instituto de Investigación y Capacitación de las Industrias de Defensa de Irán, las Naciones Unidas lo sancionaron por “participar en las actividades nucleares sensibles a la proliferación de Irán o brindar apoyo a ellas, estar directamente asociadas con ellas o brindar apoyo a las actividades nucleares sensibles a la proliferación de Irán o por el desarrollo de sistemas de envío de armas nucleares”.

Una comprensión adecuada de los antecedentes de Elsami debería ayudar a resolver cualquier incertidumbre genuina que exista entre los políticos occidentales con respecto a las ambiciones nucleares del régimen al comienzo de la era Raisi. Igualmente, una comprensión adecuada de las intenciones de los funcionarios de la administración, especialmente la del propio Raisi podrá hacer que la comunidad internacional pueda evitar verse envuelta en fútiles negociaciones sobre el acuerdo nuclear, o que se pueda hacer la vista gorda ante otros temas de igual o mayor magnitud.

Desde que quedó claro que Raisi estaba en camino de ser instalado unilateralmente como presidente por el Líder Supremo Ali Jamenei, la Resistencia iraní ha estado trabajando para crear conciencia sobre los peores crímenes del régimen clerical contra la humanidad una vez más, y para resaltar su impacto continuo en la situación de los derechos humanos en Irán. Como uno de los cuatro funcionarios que sirvieron en una “comisión de muerte” en la ciudad capital de Irán durante el verano de 1988, Raisi tiene la responsabilidad particular de una masacre a nivel nacional de 30.000 presos políticos que tenía como objetivo acabar con la oposición organizada al régimen; particularmente la Organización de Muyahidines del Pueblo de Irán.

En agosto, el CNRI celebró una conferencia virtual sobre la masacre de 1988, en la que participaron más de 1.000 ex presos políticos iraníes y varios estudiosos occidentales de derechos humanos y derecho internacional. En sus discursos, esos expertos describieron cómo el edicto religioso subyacente a la masacre tenía claramente la intención de impulsar la ejecución de cualquier adherente a una forma de Islam que estuviese en desacuerdo con el fundamentalismo teocrático del régimen. Según Eric David, de la Universidad de Bruselas, esto significa que la masacre de 1988 “encaja perfectamente con la definición del artículo 2 de la Convención sobre el Genocidio de 1948”.

Esa evaluación fue apoyada por Geoffrey Robertson, un abogado de derechos humanos británico que ha estudiado extensamente la masacre. Señaló en su propio discurso en la conferencia virtual del CNRI que la Convención sobre el Genocidio también obliga a los signatarios a tomar medidas contra los perpetradores conocidos y presuntos, y que esta obligación se ve reforzada simbólicamente por la toma de posesión de Raisi como presidente del régimen.

Ese hecho es una de las mayores expresiones hasta la fecha de la sensación de impunidad del régimen. El hecho de que responsables políticos del mundo entero hayan guardado silencio sobre el nombramiento de Raisi, a menudo distraídos por preocupaciones miopes sobre un acuerdo nuclear ya fallido, solo han servido para reforzar esa impunidad. Y aunque el legado central de Raisi sigue siendo la masacre de 1988, la aceptación tácita de su administración por parte de la comunidad internacional tiene implicaciones para toda la gama de actividades malignas que están a punto de acelerarse bajo su liderazgo.

Después de todo, ¿qué otra conclusión podría esperarse que saque Teherán de la inacción global sobre el genocidio, aparte de que el régimen seguirá gozando de impunidad en todos los demás asuntos, incluida la proliferación nuclear? Ni ese ni ningún otro tema es tan grave o tan inmediatamente relevante para la conducta futura de Irán como la falta de responsabilidad por lo que puede ser el peor crimen de lesa humanidad de la segunda mitad del siglo XX.