Wednesday, September 22, 2021
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La economía de Irán sufre los efectos de la corrupción, no de las sanciones

La economía de Irán sufre los efectos de la corrupción, no de las sanciones
– La Guardia Revolucionaria iraní controla enormes proyectos de construcción

Los problemas económicos de Irán han ido empeorando constantemente durante muchos años. Los funcionarios iraníes han hecho esfuerzos concertados para culpar de esa situación a las sanciones occidentales, pero esta narrativa ignora el hecho de que la recesión continuaba incluso cuando el acuerdo nuclear de Irán de 2015, o “Plan de Acción Integral Conjunto” (JCPOA por sus siglas en inglés), estaba en plena vigencia. De hecho, fue en diciembre de 2017, varios meses antes de que Estados Unidos se retirara de ese acuerdo y comenzara a imponer nuevamente sanciones unilaterales, cuando el pueblo iraní protagonizó la primera de una serie de levantamientos a nivel nacional, impulsados en parte por agravios por los crecientes niveles de inflación, pobreza y desempleo.

Aunque ese levantamiento rápidamente asumió un amplio mensaje político, la primera protesta constituyente se organizó en la ciudad de Mashhad específicamente como respuesta al empeoramiento de los indicadores económicos. Las manifestaciones posteriores aclararon que el pueblo iraní atribuyó esa tendencia a la mala gestión y la corrupción del gobierno, y no a la presión extranjera. De hecho, incluso después de que se volvieran a imponer y ampliar las sanciones estadounidenses de acuerdo con la estrategia de la administración Trump de “máxima presión” sobre el régimen, se escuchaba regularmente a los manifestantes corear consignas como: “El enemigo está aquí; mienten cuando dicen que es Estados Unidos”.

Cada vez más, las narrativas del régimen sobre las sanciones y la economía están siendo contradichas no solo por los ciudadanos comunes y los activistas políticos, sino también por los economistas del régimen. En declaraciones recientes, algunas de las cuales han sido publicadas por los medios estatales, varios de esos expertos han tratado de cuantificar los efectos de la corrupción de larga data que abarca entidades gubernamentales y un sector privado dominado por las élites políticas y miembros de los paramilitares de línea dura del regimen, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

“La economía política de Irán ha sido asumida cada vez más por la mafia desde el final de la guerra entre Irán e Irak hasta hoy”, dijo Farshad Momeni, profesor de economía en la Universidad Allameh Tabatabai. Después de que ese conflicto dio poder político a la Guardia Revolucionaria, la posterior “privatización” de las industrias administradas por el gobierno sirvió para canalizar más y más riqueza en manos de empresas fachada de este cuerpo como el conglomerado de construcción “Khatam al-Anbia”. Hoy se estima que la Guardia Revolucionaria controla, total o parcialmente, entidades que representan más de la mitad del producto interno bruto de Irán.

Todas las administraciones iraníes han llevado a cabo los llamados esquemas de privatización de manera más o menos consistente desde la de Hashem Rafsanjani. Desde 1991 hasta 2019, ha habido 900 proyectos, empresas y empresas estatales transferidas al sector privado, con un valor total de 720 billones de tomans, o más de 170 mil millones de dólares estadounidenses. Pero incluso asumiendo que toda esta riqueza pasó directamente a manos de la Guardia, aún palidece en comparación con la cantidad de dinero que esta y otras entidades corruptas han adquirido a través de los mercados de importación y exportación iraníes, incluidos los mercados negros.

Según el Banco Central de Irán, el país ganó aproximadamente 180 mil millones de dólares estadounidenses a través de exportaciones solo en 2018 y 2019, pero no está claro dónde terminaron algunas de estas ganancias. Sin duda, el dinero se sumó al tesoro de riqueza que ya se sabía que existía en las instituciones financieras del la Guardia Revolucionaria y las denominadas fundaciones religiosas controladas por el líder supremo del régimen, Ali Jamenei. Estas entidades ya se habían beneficiado, en años anteriores, de las ganancias asociadas a un aumento sostenido de las importaciones extranjeras. Entre 2005 y 2011, el valor de estas importaciones creció de 16 mil millones de dólares a 90 mil millones de dólares, haciendo que Irán sea más dependiente de los bienes que se producen en el extranjero y al mismo tiempo proporcionó a la Guardia y sus socios del “sector privado” incentivos para promover esta tendencia.

Estos incentivos contrastan con la insistencia pública de Jamenei en impulsar la producción nacional como una forma de contrarrestar los supuestos efectos de las sanciones occidentales sobre la sociedad iraní. Antes del año calendario persa que comenzó en marzo de 2020, el Líder Supremo hizo hincapié en declarar que este tipo de impulso a la producción debería ser la principal prioridad del país, aunque para entonces estaba claro que la pandemia de coronavirus tendría muchas consecuencias.

En consecuencia, Irán ha sufrido los peores efectos de esa pandemia en el Medio Oriente, y algunos de los peores del mundo. Aunque el Ministerio de Salud iraní informa que poco más de 60.000 iraníes han muerto a causa del Covid-19 hasta ahora, la Organización de Muyahidines del Pueblo de Irán (OMPI/MEK) ha examinado los registros de hospitales y morgues y ha determinado que la cifra se acerca a un cuarto de millón. En cualquier caso, Teherán ha brindado poca asistencia financiera al público durante esta crisis, incluso cuando la Guardia Revolucionaria y el Líder Supremo todavía tienen cientos de miles de millones de dólares en activos.

Mientras tanto, aproximadamente el 80 por ciento de la población del país vive por debajo del umbral de la pobreza, y la situación empeora constantemente como resultado de la inflación galopante y el aumento de los precios de las materias primas. Muchos ciudadanos se han visto obligados a eliminar alimentos básicos vitales de su dieta, y los jubilados de todo el país han protagonizado meses de protestas para llamar la atención sobre el hecho de que sus ingresos no están a la altura del aumento del costo de vida.

Esas protestas son un indicador probable de que se avecina un malestar más amplio, ya que las preocupaciones de la gente por el coronavirus se ven superadas por los efectos de las dificultades económicas y los resentimientos persistentes con respecto a las medidas enérgicas de levantamientos anteriores.